martes, 25 de octubre de 2011

¿Hay que temer el regreso del PRI?

Leer la entrevista que Enrique Peña Nieto concedió al Financial Times, es una divertida forma de apreciar el ingenio típicamente priista de articular puntos comunes sin arriesgar planteamientos serios de Gobierno. Con ignorancia rampante en temas de política energética, el ala neoliberal que busca privatizar un sector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha manoseado reiteradamente el caso de Petrobras, la paraestatal brasileña de petróleo, como el ejemplo exitoso y el ejemplo a seguir. Peña Nieto no se distancia de la postura del establishment privatizador, al señalar que “tenemos que encontrar una forma de permitir que el petróleo siga siendo propiedad de la nación, pero que también participe la iniciativa privada”. Por supuesto, que no dice cómo, ni tampoco habla de proporciones de participación, que es el verdadero debate; en Pemex siempre ha habido participaciones privadas, a través de los famosos Piderigas o a través del esquema de contrato incentivado, que introdujo la reforma energética de 2008. De la misma forma en que se omite señalar la apertura que existe en el sector, tampoco habla del creciente proceso de nacionalización que ha vivido la industria energética brasileña desde el hallazgo de los yacimientos petroleros en el Tupí, al norte de Brasil. El Gobierno de “Lula” Da Silva no fue símbolo de apertura en el sector energético, como su antecesor Fernando Henrique Cardoso, sino, por el contrario, favoreció la participación estatal.
En seguridad, el precandidato priista nunca ha sido transparente con sus proyectos. Habla de un “Estado eficaz”, que en voz de Peña Nieto y la gente que lo rodea (Arturo Montiel, Alfredo del Mazo, Humberto Moreira, Miguel Ángel Osorio Chong, Emilio Chuayffet y Humberto Moreira), suena a regresionismo, a repliegue de los avances en términos de estado de derecho y a la profundización de un estado policial, sin salidas educativas o de desarrollo económico. De la misma manera, en la propia entrevista con el diario inglés, el ex gobernador del Estado de México se aleja de la tesis de pactar con el narcotráfico, a través de ambigüedades y nulas alternativas. ¿Cómo se puede ser más eficaz? ¿Tendremos que poner el énfasis en la inteligencia y el ataque financiero a los cárteles? ¿El primer objetivo es detener la violencia o contener la ruta de trasiego de drogas? Al ser el tema puntal de la campaña, el silencio parece ser el mejor aliado de Peña Nieto. Con 30 puntos de ventaja, ¿qué incentivo existe para subirse al ring y debatir con anticipación?
En materia hacendaria, las ambigüedades son más marcadas. Como expuso en el Foro Cumbre de Negocios, su objetivo es “simplificar para recaudar más”. Dudo que alguno de los precandidatos presidenciales quiera “complicar para recaudar menos”. Su partido, a través de la bancada priista en el Congreso (la cual tiene mayoría de diputados afines a Peña Nieto), ya expresó su oposición a lo que le llaman “gasolinazo”, el aumento del precio de la gasolina. Una medida progresiva, que ataca una de las inequidades básicas del sector energético. El subsidio debe ser sectorial, no generalizado; subsidiar la gasolina a los más ricos del país, es una irresponsabilidad fiscal. De la misma manera, Francisco Rojas, coordinador de la fracción parlamentaria tricolor y político vinculado al grupo Atlacomulco, de donde surge Peña Nieto, ha dinamitado cualquier opción de recaudación indirecta, aludiendo que la defensa de la economía popular está inscrita en los fundamentos y principios del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo creer que Peña Nieto impulsará una reforma fiscal de gran calado ante esta multiplicidad de evidencias que señalan, por el contrario, una clara vinculación a los principios de la demagogia fiscal?
En materia de reforma política, los planteamientos del precandidato priista mejor posicionado en las encuestas, son escalofriantes y autoritarios. Diputados afines a su candidatura, ya enterraron la reelección consecutiva de legisladores. La idea de que el Congreso no responda enteramente a sus designios en el siguiente periodo legislativo, le resta poder de negociación y obediencia política. Peña Nieto quiere un Legislativo a la vieja usanza, dependiente de los designios presidenciales. De la misma manera, su reiterada posición a favor de encontrar un mecanismo de arquitectura constitucional que permita crear mayorías artificiales, a través de la cláusula de gobernabilidad o mediante la reducción de diputados plurinominales, queda claro su insatisfacción con la pluralidad y la representatividad democráticas. Como no podemos llegar a acuerdos, mejor volvamos a las mayorías indebatibles, a los consensos ejecutados desde la Presidencia.
El regreso del Partido Revolucionario Institucional, en sí mismo, no constituye una regresión democrática. En mi opinión, el PRI no carga con una maldición histórica vinculada al autoritarismo y a la centralización de poder. En el tricolor, existen cuadros con propuestas innovadoras y con una clara adherencia a la pluralidad como la única forma sustentable de transformar al país. Sin embargo, en el caso de Enrique Peña Nieto, la ambigüedad y sus rasgos autoritarios sí deben ser analizados a profundidad, ya que la eficacia no debe ser obtenida cueste lo que cueste, la representación y la pluralidad son valores a resguardar, herencias de la transición democrática que nutren de legitimidad los procesos políticos en un país sumamente diverso.
De la misma manera, la inclinación peñanietista por endulzar los oídos de los escenarios en los que se presenta, sacrificando la sustancia y el debate informado, es preocupante. Ante la prensa inglesa, partidaria de la privatización energética, reclama un esquema de participación privada en el sector petrolero; ante los hombres de negocios pide una reforma fiscal comprensiva y que “recaude más”; ante las televisoras y las estaciones de radio, ataca a la reforma política que le dio al país avances muy importantes en términos de equidad electoral y pugna por echarla abajo. No hay consistencia ideológica en Peña Nieto, existen meros anhelos de poder.
Para concluir, la gente que rodea a Peña Nieto es, simplemente, el PRI de siempre. La narrativa de eficacia, que se aprovecha de un estado de ánimo nacional de desesperación ante la falta de acuerdos y parálisis entre los poderes, no debe ser la justificación para restaurar la “Presidencia Imperial” que se erige como amo y señor de su partido, del Legislativo y de Los Pinos. Las experiencias de los gobierno estatales, no todos del tricolor aunque sí en su mayoría, que han acumulado y centralizado niveles altísimos de poder es una prueba fehaciente, que dicha acumulación, es nociva para las instituciones políticas y ciudadanas. En estos estados, la falta de transparencia, la nula rendición de cuentas, la carencia de autonomía de los organismos ciudadanos y un manejo irresponsable de las finanzas públicas, han significado un retroceso institucional que pone en riesgo la calidad de la democracia.

jueves, 13 de octubre de 2011

El reformismo hueco

Se perpetúa la transición en el sistema político mexicano, como el régimen del anhelo y la búsqueda de la democracia a través de reformas limitadas y superficiales.

La transitocracia mexicana, ese régimen detenido y avocado a la transición como fin, al inacabable anhelo de su concreción, ha encontrado en el lenguaje político, un nuevo cliché, una frase armada que durante el tiempo ha demostrado su ausencia de oxígeno: “México necesita reformas estructurales”. No hay político que no caiga en este punto común, que cada elección haga un llamado a la cordura política, a la moderación y a los oficios democráticos para sacar adelante “las enmiendas que le urgen al país, que reclaman los ciudadanos”.

Detrás de la ausencia de reformas integrales, profundas e incluyentes que doten de legitimidad a un sistema de representación política alicaído y especialmente lastimado, está el contexto de la muy probable vuelta al poder del partido político que “erigió las instituciones de este país” como dicen con ánimo y orgullo los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El tricolor se ha convertido, en los albores de su regreso a Los Pinos, la plataforma política de la inmovilidad, de la parálisis y de la carencia de proyecto específico de nación. “Mejor no le muevas, que así ganamos” se escucha entre la militancia del PRI; la fachada nacional-revolucionaria que definió al tricolor durante décadas del siglo pasado, se desvanece ante las visiones cortoplacistas y pragmáticas del aquí y el ahora; la sombra del autoritarismo que busca reducir a su mínima expresión la pluralidad y la representación, aparece detrás de un candidato rodeado de las caras de siempre: los Del Mazo, los Chuayffet, los Moreira y los Duarte.

El PRI ganó en las urnas una mayoría nunca antes vista desde la implantación de los gobiernos divididos tras la elección intermedia de 1997. Con su aliado el Partido Verde, el tricolor logró la mayoría absoluta, realidad que ha sido utilizada para bloquear iniciativas e imponer los ritmos legislativos. No existe en el PRI una opción constructora de futura, existe un reclamo de una pertenencia vital, de un regreso anunciado y la nostalgia de las batallas perdidas en el pasado.

El debate sobre la reforma política, que no es en definitiva una prioridad para la ciudadanía en general sino un tema muy arraigado en el círculo rojo, demuestra la nostalgia y los complejos históricos, racionalmente no probados, del PRI. La reelección quedó enterrada, al viejo estilo clientelista y opaco, a través de la cooptación de una legisladora del PRD; la revocación de mandato, la pieza constitucional-electoral clave para propiciar procesos de rendición de cuentas más abiertos de los gobernantes, quedó en el rezago, con argumentos muy poco sólidos. Ni siquiera la propuesta de Manlio Fabio Beltrones, con sus limitaciones, convención a los priistas afines a Enrique Peña Nieto, que no quiere compartir el poder en un escenario que le augura, sino una mayoría absoluta en la cámara, sí una ventaja parlamentaria amplia. Asimismo, los acuerdos con el Partido Verde y con Nueva Alianza, consolidarían un bloque con capacidades amplias de gobernabilidad.

Por el otro lado, el Partido Acción Nacional ha sido timorato en la conducción de las reformas más ambiciosas de la Presidencia. La comunicación pública de los beneficios específicos de las reformas, ha sido sumadamente deficiente; el ciudadano común no entiende la derrama favorable, en su vida cotidiana, de los planteamientos de reforma política. Ante estos vacíos discursivos, ante una narrativa tan débil, las fobias se recrudecen y ganan terrenos. La historia se vuelve el juez implacable de las posibilidades, frases como: “no estamos preparados para la reelección”, se adueñan de la opinión pública. Así, la reelección no es la oportunidad para recompensar o castigar a la clase política, sino en mecanismos que permiten que los políticos se perpetúen en las cámaras y en los ayuntamientos.

La reforma política, aprobada ya en comisiones, contiene avances que no son desdeñables: iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, plebiscitos para reformas constitucionales, iniciativa preferente para el Ejecutivo y consulta ciudadana. Sin embargo, la ruptura de la lógica que une los elementos institucionales de una reforma de este calado, provoca que muchas de las prácticas que actualmente condenamos, se puedan recrear mediante el uso sin restricciones de los nuevos esquemas constitucionales. La reelección es un incentivo clave para dotar de capital político a los alcaldes y legisladores, que arriesguen sus mayorías partidistas y reten a sus oposiciones, con propuestas razonables. Con la reelección, el ciudadano se vuelve un legislador permanente, que cuenta con herramientas necesarias para alinearse o repeler ciertas iniciativas.

A menos de un año de las elecciones que traerán a un nuevo inquilino a Los Pinos, la clase política debe entender que el hecho de que la transición haya sido pacífica en México, es más una excepción latinoamericano que su regla. La parálisis y la inmovilidad generan frustración y alimentan a los movimientos que pregonan la falsedad de la representación electoral de los partidos, y claman una transformación completa del sistema político mexicano. Si la arquitectura constitucional se esfuerza en agrandar la brecha de representación, en sobrepartidizar el acceso al poder, en limitar el ejercicio político de los ciudadanos y en crear incentivos para el mantenimiento del status quo, los fermentos del descontento pueden alinearse con las expresiones que nos demostró el siglo XX latinoamericano.