lunes, 12 de septiembre de 2011

Guatemala: el autoritarismo y el pasado asoman


La compleja mezcla entre militares al poder y la profundización de la idea del Estado Fallido, augura una lenta construcción de las instituciones estatales y la ciudadanía.


Hablar de estados fallidos, siempre ha sido reduccionista. Poner esta etiqueta, que se ha vuelto poco menos que la condena a la intervención extranjera, se ha convertido en un símil a lo que fue el llamado riesgo-país en las décadas de los ochentas y los noventas, donde la deuda agobió brutalmente a los países latinoamericanos. El concepto de riesgo-país trascendió su connotación financiera y de estabilidad macroeconómica, para convertirse en un dispositivo capaz de reproducir el discurso hegemónico de las instituciones económicas globales. El riesgo-país denominaba el apego a la ortodoxia neoliberal bajo el manto de la “responsabilidad presupuestal”; es decir, se transformó en un significante vaciado de su contenido original, en el sentido que lo define Ernesto Laclau. Al vaciarse, riesgo-país pasó a designar motivaciones de carácter político e ideológico, distanciadas del mensaje financiero de su concepción.
En el caso del concepto de Estado Fallido, la evolución de su significado también se orienta hacia la construcción hegemónica y la pervivencia del pensamiento único: la democracia liberal como la única alternativa, eclipsando cualquier intento de profundización participativa; el reinado del mercado como el único mecanismo económico capaz de distribuir adecuadamente la riqueza de una sociedad, y el reforzamiento de la militarización del Estado, la visión racionalista y policial de éste, así como la erosión del concepto de seguridad humana en el debate sobre la pacificación nacional.
Guatemala acudió ayer a las urnas a votar, inexorablemente, por el pasado. Las alternativas se esconden, la mano dura militarista y el retorno del populismo centroamericano se materializan en Otto Pérez Molina y Manuel Badizón. Ninguno de los candidatos podrá sacar a Guatemala de la situación de violencia, debilidad institucional y criminalidad, que supera al Estado y constantemente lo subordina.
Para muchos, Guatemala es ya un Estado Fallido, un Gobierno incapaz de garantizar los mínimos de seguridad y desarrollo para sus habitantes; un Estado que no monopoliza el uso de la violencia y, que ni siquiera, garantiza su derecho a cobrar impuestos a los habitantes. En todas las funciones básicas que debe desempeñar una entidad estatal, el Gobierno guatemalteco encuentra en el crimen organizado, un rival lejos de sus posibilidades de control. Sin embargo, a diferencia de lo que hace creer el índice de estado fallidos, que reproduce la revista Foreign Policy, las causas del “fracaso estatal” son más internacionales que locales.
En primer lugar, Guatemala es presa de la transfronterización de la guerra absurda que emprendió el Presidente mexicano Felipe Calderón. La capacidad de fuego de las células criminales no sólo excede la capacidad del Gobierno de Álvaro Colom, sino que lo logran vulnerar en las entrañas y corromperlo a niveles inimaginables. El mismo caso que México, un Estado incapaz de hacer frente a los cárteles de la droga a través de una estrategia militarista y una retórica de guerra, que simplemente pone al Estado contra las cuerdas.
En segundo lugar, Guatemala es víctima de la política antidrogas impulsada por Estados Unidos en América Latina, un modelo basado en el combate a la producción y distribución, que desatiende el consumo, la venta de armas y el debate sobre la legalización. Es imposible que un Estado como el guatemalteco con un Producto Interno Bruto (PIB) que oscila los 40 mil millones de dólares anuales, de los cuales cerca del 18% llegan a las arcas estatales, compita con organizaciones que centralizan recursos por más de 50 mil millones de dólares. Sin embargo, debido a que la ayuda internacional ha estado atada a que las naciones latinoamericanas mantengan el enfoque militarista del combate a las drogas, la autonomía de reinterpretación de la estrategia es bastante limitada.
En tercer lugar, la descomposición institucional es un proceso de largo aliento que se fermenta desde los tiempos de las dictaduras y la endeble transición a la democracia procedimental en las naciones centroamericanas. Estados Unidos, México y otros países que han hegemonizado la región, continuamente han fomentado una política de separación y fragmentación de los nexos integratorios en la región, lo que no permite que Centroamérica sume esfuerzos para fortalecer el tejido institucional y dote de herramientas eficaces al Estado nacional o supranacional.
No quiero dejar de lado los factores endógenos, que son necesario considerar: la ilegitimidad de la clase política moderada y la apuesta por un retorno de los duros; la penetración de las redes del crimen organizado en los procesos institucionales del Estado; la falta de reformas integrales que fortalezcan el tejido industrial interno, que generen empleo y que mantengan sanas las finanzas públicas; la reforma del Estado que dote de herramientas a los distintos niveles de Gobierno y, por último, la ampliación de los derechos políticos y de participación de la ciudadanía.
Parece que Guatemala concuerda ampliamente con la definición de Estado Fallido de los organismos internacionales. Sin embargo, esta clasificación no logra aprehender de manera coherente la complejidad de los procesos históricos y sociales que han llevado a Guatemala a una situación de indefensión ante los cárteles mexicanos. El retorno al pasado no debe ser la salida a un problema que exige más democracia, más reformas, más espacio público, más empleo y menos demagogia. Un cóctel que contiene elementos autoritarios, sesgos populistas, estallidos alarmistas y proclividad a la intervención extranjera, augura años de receso en la construcción de un Estado fuerte en Guatemala y una ciudadanía capaz de acompañar críticamente los procesos de recuperación de la paz y la seguridad pública.