lunes, 5 de diciembre de 2011

Redistribución (impuestos), la revolución del siglo XXI

Sacar a los impuestos del basurero de la historia, debe ser el eje de una izquierda que tenga como objetivo primordial, la reducción de la desigualdad.

No utilizo la palabra revolución a la ligera. Conozco sus alcances y profundidades. Y, sin embargo, no encuentro un concepto más dotado de sentido para definir la batalla contra la desigualdad en el siglo que comenzamos hace una década. El reciente estudio publicado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), resulta preocupante: el mundo es mucho más desigual. No se han logrado acortar las distancias entre pobres y ricos, por el contrario, se incrementan velozmente.

Razones para explicar la concentración de riqueza sobran, aunque me gustaría tocar dos fundamentalmente: la instauración del neoliberalismo promotor del desmantelamiento del Estado y, relacionado, la victoria cultural de la igualdad de oportunidades como símbolo de la justicia social en casi todos los países del mundo.

El neoliberalismo comienza su hegemonía a finales de los setentas, tras el debilitamiento del sistema de bienestar en Europa y del modelo de desarrollo interno que fue privilegiado por las naciones en la posguerra. La apertura indiscriminada al comercio exterior, a través de la idea de la eficiencia y la ventaja comparativa, pauperizó a naciones con atrasos tecnológicos y comerciales, dificultando su posibilidad de competir en igualdad de condiciones en el mercado global. Asimismo, la competencia entre naciones del tercer mundo para recibir los beneficios de las inversiones extranjeras, los llevó a desmantelar las redes de protección laboral, privilegiando los esquemas de flexibilización de la mano de obra. La unión de todas esas causas explica la disparidad tan abrumadora que se ha ido gestando entre las ganancias del 1% de la población, como dirían los indignados de Nueva York, y el resto de la población que ha incrementado sus ingresos a ritmos muy lentos.

El tema cultural y su entremezcla institucional, también es fundamental para entender la desigualdad rampante en este mundo globalizado. La libertad ha ganado terreno aceleradamente como uno de los principios irrenunciables en las sociedades, despojando ampliamente a la igualdad como prioridad de las políticas públicas. Así, en términos generales, las sociedades han optado por el principio anglosajón de “la igualdad de oportunidades”, como el eje que más fidedignamente refleja la justicia de ascenso en una sociedad. Las redes amplias de seguridad social universal que protegen a los distintos sectores de la población, son menos atractivos ante los sacrificios de altas tasas fiscales y control centralizado del aparato del Estado. La igualdad de oportunidades, mecanismo que busca nivelar a los desiguales a través de mecanismos muy específicos como la educación, se volvió en la mejor justificación de las desigualdades, una mirada reduccionista y simple, de la complejidad que representa la desigualdad. Se necesita mucho más que la construcción de oportunidades similares para equiparar a los desiguales. El mérito, que como señala Francois Dubet constituye una noción de justicia sumamente debatible, se arraigó no sólo en naciones con esa tradición (Estados Unidos, Australia y, en menor medida, Canadá), sino también en América Latina y en la Europa profunda como Francia o España.

La ausencia del Estado se encuentra detrás de esta explosión en los niveles de desigualdad. El neoliberalismo pregonó durante años, la necesidad de remover al ineficiente y torpe aparato estatal. Sin embargo, la respuesta ha sido más pobreza y desigualdad.

Naciones como México, una de las más desiguales del mundo, ya alcanzaron niveles de creación de riqueza sumamente altos. El Producto Interno Bruto de México es uno de los más grandes y su PIB per cápita no es despreciable. Sin embargo, su proceso de distribución fiscal es regresivo, con privilegios y con huecos que favorecen a los detentadores del gran capital. A pesar de esto, ni siquiera la izquierda se pronuncia por una reforma fiscal profunda y estructural, que le dé viabilidad financiera al país, y que logre reducir los alarmantes niveles de desigualdad.

La única manera de acortar la brecha en un país con tales diferencias, es mediante los impuestos. Pero primero, es fundamental, parafraseando a Tony Judt, “sacar a los impuestos del basurero de la historia”. Los impuestos nunca han sido una alternativa popular para los candidatos y gobernantes; sin embargo, el costo social y político de evitar una reforma fiscal de calado, es altísimo. Los impuestos deben retomar su visión colectivista, su visión igualadora y su fundamento constructivo. No es posible que sigan siendo vistos como fondos a expensas de intereses políticos y con poca certidumbre de su eficiente aplicación.

Así, atrás de los impuestos, existen batallas culturales, políticas, electorales y discursivas. Por ello, los impuestos y, por ende la redistribución, deben ser el eje de la revolución del siglo XXI.

martes, 25 de octubre de 2011

¿Hay que temer el regreso del PRI?

Leer la entrevista que Enrique Peña Nieto concedió al Financial Times, es una divertida forma de apreciar el ingenio típicamente priista de articular puntos comunes sin arriesgar planteamientos serios de Gobierno. Con ignorancia rampante en temas de política energética, el ala neoliberal que busca privatizar un sector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha manoseado reiteradamente el caso de Petrobras, la paraestatal brasileña de petróleo, como el ejemplo exitoso y el ejemplo a seguir. Peña Nieto no se distancia de la postura del establishment privatizador, al señalar que “tenemos que encontrar una forma de permitir que el petróleo siga siendo propiedad de la nación, pero que también participe la iniciativa privada”. Por supuesto, que no dice cómo, ni tampoco habla de proporciones de participación, que es el verdadero debate; en Pemex siempre ha habido participaciones privadas, a través de los famosos Piderigas o a través del esquema de contrato incentivado, que introdujo la reforma energética de 2008. De la misma forma en que se omite señalar la apertura que existe en el sector, tampoco habla del creciente proceso de nacionalización que ha vivido la industria energética brasileña desde el hallazgo de los yacimientos petroleros en el Tupí, al norte de Brasil. El Gobierno de “Lula” Da Silva no fue símbolo de apertura en el sector energético, como su antecesor Fernando Henrique Cardoso, sino, por el contrario, favoreció la participación estatal.
En seguridad, el precandidato priista nunca ha sido transparente con sus proyectos. Habla de un “Estado eficaz”, que en voz de Peña Nieto y la gente que lo rodea (Arturo Montiel, Alfredo del Mazo, Humberto Moreira, Miguel Ángel Osorio Chong, Emilio Chuayffet y Humberto Moreira), suena a regresionismo, a repliegue de los avances en términos de estado de derecho y a la profundización de un estado policial, sin salidas educativas o de desarrollo económico. De la misma manera, en la propia entrevista con el diario inglés, el ex gobernador del Estado de México se aleja de la tesis de pactar con el narcotráfico, a través de ambigüedades y nulas alternativas. ¿Cómo se puede ser más eficaz? ¿Tendremos que poner el énfasis en la inteligencia y el ataque financiero a los cárteles? ¿El primer objetivo es detener la violencia o contener la ruta de trasiego de drogas? Al ser el tema puntal de la campaña, el silencio parece ser el mejor aliado de Peña Nieto. Con 30 puntos de ventaja, ¿qué incentivo existe para subirse al ring y debatir con anticipación?
En materia hacendaria, las ambigüedades son más marcadas. Como expuso en el Foro Cumbre de Negocios, su objetivo es “simplificar para recaudar más”. Dudo que alguno de los precandidatos presidenciales quiera “complicar para recaudar menos”. Su partido, a través de la bancada priista en el Congreso (la cual tiene mayoría de diputados afines a Peña Nieto), ya expresó su oposición a lo que le llaman “gasolinazo”, el aumento del precio de la gasolina. Una medida progresiva, que ataca una de las inequidades básicas del sector energético. El subsidio debe ser sectorial, no generalizado; subsidiar la gasolina a los más ricos del país, es una irresponsabilidad fiscal. De la misma manera, Francisco Rojas, coordinador de la fracción parlamentaria tricolor y político vinculado al grupo Atlacomulco, de donde surge Peña Nieto, ha dinamitado cualquier opción de recaudación indirecta, aludiendo que la defensa de la economía popular está inscrita en los fundamentos y principios del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo creer que Peña Nieto impulsará una reforma fiscal de gran calado ante esta multiplicidad de evidencias que señalan, por el contrario, una clara vinculación a los principios de la demagogia fiscal?
En materia de reforma política, los planteamientos del precandidato priista mejor posicionado en las encuestas, son escalofriantes y autoritarios. Diputados afines a su candidatura, ya enterraron la reelección consecutiva de legisladores. La idea de que el Congreso no responda enteramente a sus designios en el siguiente periodo legislativo, le resta poder de negociación y obediencia política. Peña Nieto quiere un Legislativo a la vieja usanza, dependiente de los designios presidenciales. De la misma manera, su reiterada posición a favor de encontrar un mecanismo de arquitectura constitucional que permita crear mayorías artificiales, a través de la cláusula de gobernabilidad o mediante la reducción de diputados plurinominales, queda claro su insatisfacción con la pluralidad y la representatividad democráticas. Como no podemos llegar a acuerdos, mejor volvamos a las mayorías indebatibles, a los consensos ejecutados desde la Presidencia.
El regreso del Partido Revolucionario Institucional, en sí mismo, no constituye una regresión democrática. En mi opinión, el PRI no carga con una maldición histórica vinculada al autoritarismo y a la centralización de poder. En el tricolor, existen cuadros con propuestas innovadoras y con una clara adherencia a la pluralidad como la única forma sustentable de transformar al país. Sin embargo, en el caso de Enrique Peña Nieto, la ambigüedad y sus rasgos autoritarios sí deben ser analizados a profundidad, ya que la eficacia no debe ser obtenida cueste lo que cueste, la representación y la pluralidad son valores a resguardar, herencias de la transición democrática que nutren de legitimidad los procesos políticos en un país sumamente diverso.
De la misma manera, la inclinación peñanietista por endulzar los oídos de los escenarios en los que se presenta, sacrificando la sustancia y el debate informado, es preocupante. Ante la prensa inglesa, partidaria de la privatización energética, reclama un esquema de participación privada en el sector petrolero; ante los hombres de negocios pide una reforma fiscal comprensiva y que “recaude más”; ante las televisoras y las estaciones de radio, ataca a la reforma política que le dio al país avances muy importantes en términos de equidad electoral y pugna por echarla abajo. No hay consistencia ideológica en Peña Nieto, existen meros anhelos de poder.
Para concluir, la gente que rodea a Peña Nieto es, simplemente, el PRI de siempre. La narrativa de eficacia, que se aprovecha de un estado de ánimo nacional de desesperación ante la falta de acuerdos y parálisis entre los poderes, no debe ser la justificación para restaurar la “Presidencia Imperial” que se erige como amo y señor de su partido, del Legislativo y de Los Pinos. Las experiencias de los gobierno estatales, no todos del tricolor aunque sí en su mayoría, que han acumulado y centralizado niveles altísimos de poder es una prueba fehaciente, que dicha acumulación, es nociva para las instituciones políticas y ciudadanas. En estos estados, la falta de transparencia, la nula rendición de cuentas, la carencia de autonomía de los organismos ciudadanos y un manejo irresponsable de las finanzas públicas, han significado un retroceso institucional que pone en riesgo la calidad de la democracia.

jueves, 13 de octubre de 2011

El reformismo hueco

Se perpetúa la transición en el sistema político mexicano, como el régimen del anhelo y la búsqueda de la democracia a través de reformas limitadas y superficiales.

La transitocracia mexicana, ese régimen detenido y avocado a la transición como fin, al inacabable anhelo de su concreción, ha encontrado en el lenguaje político, un nuevo cliché, una frase armada que durante el tiempo ha demostrado su ausencia de oxígeno: “México necesita reformas estructurales”. No hay político que no caiga en este punto común, que cada elección haga un llamado a la cordura política, a la moderación y a los oficios democráticos para sacar adelante “las enmiendas que le urgen al país, que reclaman los ciudadanos”.

Detrás de la ausencia de reformas integrales, profundas e incluyentes que doten de legitimidad a un sistema de representación política alicaído y especialmente lastimado, está el contexto de la muy probable vuelta al poder del partido político que “erigió las instituciones de este país” como dicen con ánimo y orgullo los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El tricolor se ha convertido, en los albores de su regreso a Los Pinos, la plataforma política de la inmovilidad, de la parálisis y de la carencia de proyecto específico de nación. “Mejor no le muevas, que así ganamos” se escucha entre la militancia del PRI; la fachada nacional-revolucionaria que definió al tricolor durante décadas del siglo pasado, se desvanece ante las visiones cortoplacistas y pragmáticas del aquí y el ahora; la sombra del autoritarismo que busca reducir a su mínima expresión la pluralidad y la representación, aparece detrás de un candidato rodeado de las caras de siempre: los Del Mazo, los Chuayffet, los Moreira y los Duarte.

El PRI ganó en las urnas una mayoría nunca antes vista desde la implantación de los gobiernos divididos tras la elección intermedia de 1997. Con su aliado el Partido Verde, el tricolor logró la mayoría absoluta, realidad que ha sido utilizada para bloquear iniciativas e imponer los ritmos legislativos. No existe en el PRI una opción constructora de futura, existe un reclamo de una pertenencia vital, de un regreso anunciado y la nostalgia de las batallas perdidas en el pasado.

El debate sobre la reforma política, que no es en definitiva una prioridad para la ciudadanía en general sino un tema muy arraigado en el círculo rojo, demuestra la nostalgia y los complejos históricos, racionalmente no probados, del PRI. La reelección quedó enterrada, al viejo estilo clientelista y opaco, a través de la cooptación de una legisladora del PRD; la revocación de mandato, la pieza constitucional-electoral clave para propiciar procesos de rendición de cuentas más abiertos de los gobernantes, quedó en el rezago, con argumentos muy poco sólidos. Ni siquiera la propuesta de Manlio Fabio Beltrones, con sus limitaciones, convención a los priistas afines a Enrique Peña Nieto, que no quiere compartir el poder en un escenario que le augura, sino una mayoría absoluta en la cámara, sí una ventaja parlamentaria amplia. Asimismo, los acuerdos con el Partido Verde y con Nueva Alianza, consolidarían un bloque con capacidades amplias de gobernabilidad.

Por el otro lado, el Partido Acción Nacional ha sido timorato en la conducción de las reformas más ambiciosas de la Presidencia. La comunicación pública de los beneficios específicos de las reformas, ha sido sumadamente deficiente; el ciudadano común no entiende la derrama favorable, en su vida cotidiana, de los planteamientos de reforma política. Ante estos vacíos discursivos, ante una narrativa tan débil, las fobias se recrudecen y ganan terrenos. La historia se vuelve el juez implacable de las posibilidades, frases como: “no estamos preparados para la reelección”, se adueñan de la opinión pública. Así, la reelección no es la oportunidad para recompensar o castigar a la clase política, sino en mecanismos que permiten que los políticos se perpetúen en las cámaras y en los ayuntamientos.

La reforma política, aprobada ya en comisiones, contiene avances que no son desdeñables: iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, plebiscitos para reformas constitucionales, iniciativa preferente para el Ejecutivo y consulta ciudadana. Sin embargo, la ruptura de la lógica que une los elementos institucionales de una reforma de este calado, provoca que muchas de las prácticas que actualmente condenamos, se puedan recrear mediante el uso sin restricciones de los nuevos esquemas constitucionales. La reelección es un incentivo clave para dotar de capital político a los alcaldes y legisladores, que arriesguen sus mayorías partidistas y reten a sus oposiciones, con propuestas razonables. Con la reelección, el ciudadano se vuelve un legislador permanente, que cuenta con herramientas necesarias para alinearse o repeler ciertas iniciativas.

A menos de un año de las elecciones que traerán a un nuevo inquilino a Los Pinos, la clase política debe entender que el hecho de que la transición haya sido pacífica en México, es más una excepción latinoamericano que su regla. La parálisis y la inmovilidad generan frustración y alimentan a los movimientos que pregonan la falsedad de la representación electoral de los partidos, y claman una transformación completa del sistema político mexicano. Si la arquitectura constitucional se esfuerza en agrandar la brecha de representación, en sobrepartidizar el acceso al poder, en limitar el ejercicio político de los ciudadanos y en crear incentivos para el mantenimiento del status quo, los fermentos del descontento pueden alinearse con las expresiones que nos demostró el siglo XX latinoamericano.

lunes, 12 de septiembre de 2011

Guatemala: el autoritarismo y el pasado asoman


La compleja mezcla entre militares al poder y la profundización de la idea del Estado Fallido, augura una lenta construcción de las instituciones estatales y la ciudadanía.


Hablar de estados fallidos, siempre ha sido reduccionista. Poner esta etiqueta, que se ha vuelto poco menos que la condena a la intervención extranjera, se ha convertido en un símil a lo que fue el llamado riesgo-país en las décadas de los ochentas y los noventas, donde la deuda agobió brutalmente a los países latinoamericanos. El concepto de riesgo-país trascendió su connotación financiera y de estabilidad macroeconómica, para convertirse en un dispositivo capaz de reproducir el discurso hegemónico de las instituciones económicas globales. El riesgo-país denominaba el apego a la ortodoxia neoliberal bajo el manto de la “responsabilidad presupuestal”; es decir, se transformó en un significante vaciado de su contenido original, en el sentido que lo define Ernesto Laclau. Al vaciarse, riesgo-país pasó a designar motivaciones de carácter político e ideológico, distanciadas del mensaje financiero de su concepción.
En el caso del concepto de Estado Fallido, la evolución de su significado también se orienta hacia la construcción hegemónica y la pervivencia del pensamiento único: la democracia liberal como la única alternativa, eclipsando cualquier intento de profundización participativa; el reinado del mercado como el único mecanismo económico capaz de distribuir adecuadamente la riqueza de una sociedad, y el reforzamiento de la militarización del Estado, la visión racionalista y policial de éste, así como la erosión del concepto de seguridad humana en el debate sobre la pacificación nacional.
Guatemala acudió ayer a las urnas a votar, inexorablemente, por el pasado. Las alternativas se esconden, la mano dura militarista y el retorno del populismo centroamericano se materializan en Otto Pérez Molina y Manuel Badizón. Ninguno de los candidatos podrá sacar a Guatemala de la situación de violencia, debilidad institucional y criminalidad, que supera al Estado y constantemente lo subordina.
Para muchos, Guatemala es ya un Estado Fallido, un Gobierno incapaz de garantizar los mínimos de seguridad y desarrollo para sus habitantes; un Estado que no monopoliza el uso de la violencia y, que ni siquiera, garantiza su derecho a cobrar impuestos a los habitantes. En todas las funciones básicas que debe desempeñar una entidad estatal, el Gobierno guatemalteco encuentra en el crimen organizado, un rival lejos de sus posibilidades de control. Sin embargo, a diferencia de lo que hace creer el índice de estado fallidos, que reproduce la revista Foreign Policy, las causas del “fracaso estatal” son más internacionales que locales.
En primer lugar, Guatemala es presa de la transfronterización de la guerra absurda que emprendió el Presidente mexicano Felipe Calderón. La capacidad de fuego de las células criminales no sólo excede la capacidad del Gobierno de Álvaro Colom, sino que lo logran vulnerar en las entrañas y corromperlo a niveles inimaginables. El mismo caso que México, un Estado incapaz de hacer frente a los cárteles de la droga a través de una estrategia militarista y una retórica de guerra, que simplemente pone al Estado contra las cuerdas.
En segundo lugar, Guatemala es víctima de la política antidrogas impulsada por Estados Unidos en América Latina, un modelo basado en el combate a la producción y distribución, que desatiende el consumo, la venta de armas y el debate sobre la legalización. Es imposible que un Estado como el guatemalteco con un Producto Interno Bruto (PIB) que oscila los 40 mil millones de dólares anuales, de los cuales cerca del 18% llegan a las arcas estatales, compita con organizaciones que centralizan recursos por más de 50 mil millones de dólares. Sin embargo, debido a que la ayuda internacional ha estado atada a que las naciones latinoamericanas mantengan el enfoque militarista del combate a las drogas, la autonomía de reinterpretación de la estrategia es bastante limitada.
En tercer lugar, la descomposición institucional es un proceso de largo aliento que se fermenta desde los tiempos de las dictaduras y la endeble transición a la democracia procedimental en las naciones centroamericanas. Estados Unidos, México y otros países que han hegemonizado la región, continuamente han fomentado una política de separación y fragmentación de los nexos integratorios en la región, lo que no permite que Centroamérica sume esfuerzos para fortalecer el tejido institucional y dote de herramientas eficaces al Estado nacional o supranacional.
No quiero dejar de lado los factores endógenos, que son necesario considerar: la ilegitimidad de la clase política moderada y la apuesta por un retorno de los duros; la penetración de las redes del crimen organizado en los procesos institucionales del Estado; la falta de reformas integrales que fortalezcan el tejido industrial interno, que generen empleo y que mantengan sanas las finanzas públicas; la reforma del Estado que dote de herramientas a los distintos niveles de Gobierno y, por último, la ampliación de los derechos políticos y de participación de la ciudadanía.
Parece que Guatemala concuerda ampliamente con la definición de Estado Fallido de los organismos internacionales. Sin embargo, esta clasificación no logra aprehender de manera coherente la complejidad de los procesos históricos y sociales que han llevado a Guatemala a una situación de indefensión ante los cárteles mexicanos. El retorno al pasado no debe ser la salida a un problema que exige más democracia, más reformas, más espacio público, más empleo y menos demagogia. Un cóctel que contiene elementos autoritarios, sesgos populistas, estallidos alarmistas y proclividad a la intervención extranjera, augura años de receso en la construcción de un Estado fuerte en Guatemala y una ciudadanía capaz de acompañar críticamente los procesos de recuperación de la paz y la seguridad pública.

miércoles, 18 de mayo de 2011

La izquierda aún respira

Los partidos que abanderan la “agenda progresista” en México han hecho de todo para derrumbarse con cara a las elecciones presidenciales de 2012. Por un lado, han reivindicado una memoria histórica tendiente al conflicto perpetuo y a la alarma de ruptura permanente. Por el otro lado, han construido estrategias electorales cuando menos “polémicas”, con alianzas con la derecha y han olvidado casi esencialmente los puntos que deben distinguir a una agrupación de izquierda partidaria. Sin embargo, las encuestas mantienen a la izquierda en una intención de voto que no baja de 15% y que supera los 25 puntos porcentuales en algunos escenarios. ¿Qué significa esta perdurabilidad de la izquierda? ¿Es su voto duro histórico? ¿O tal vez un incipiente nivel de aceptación electoral que con un proceso de selección de candidato presidencial legítimo y la unión de las fuerzas de la izquierda a escala nacional puede traer dividendos en 2012?
Creo que cada una de las interpretaciones posee argumentos lo suficientemente sólidos para reclamarse como explicación única. A pesar de esto, me gustaría enfatizar tres aspectos que juzgo fundamentales: la desigualdad y la pobreza, por un lado, la agenda metropolitana de la Ciudad de México y la importancia de la unión política para los militantes de la izquierda. Estos no pretenden ser los únicos factores para desarrollar una respuesta contundente, pero pueden abrir la discusión ampliamente.
Dejando de lado a aquellos que consideran que México es ya un país de clases medias debido a su extendido uso de piso ausente de suelo o a su posibilidad de tener acceso a energía eléctrica, lo cierto es que en México, cuatro de cada diez habitantes son presa de alguna pobreza dentro de las distintas variantes que van desde las carencias estructurales hasta la pobreza absoluta. Asimismo, el debilitamiento de las estructuras de seguridad social a nivel nacional, atentan contra cualquier concepción mínima de clase media. La astucia clasemediera de los pisos mínimos esbozada por intelectuales como Jorge Castañeda, Luis de La Calle o Luís Rubio, son simples estrategias políticas que carecen de validación empírica. Así, pese a quien le pese, la desigualdad, y no sólo la pobreza, continúa siendo el primer imperativo nacional a resolver, la desigualdad acrecentada debido a una estructura fiscal regresiva y vulnerada por intereses, tiene que ser el centro programático de cualquier futuro inquilino de Los Pinos. En este campo, la izquierda tiene que construir su discurso y narrativa, un eje comunicativo fundamentado en el abatimiento de privilegios fiscales sectoriales y una apuesta agresiva por un proceso de industrialización interna que deje atrás el burocratismo y la ineficiencia gubernamental. Sólo la izquierda puede proponer una salida a este callejón que asimila a un perro queriendo morderse la cola.
Como segundo punto, considero que la agenda metropolitana liderada por Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, es prueba que la izquierda ha volteado a ver a las nuevas reivindicaciones de la izquierda posmoderna que hace de la sustentabilidad y la ampliación de los derechos, ejes programáticos. El fundamentalismo economicista de la izquierda ha desparecido, tal vez no desde Andrés Manuel López Obrador, pero claramente en la gestión de Marcelo Ebrard. La despenalización de la interrupción del embarazo es una de las hazañas más importantes que ha logrado la izquierda; no sólo en términos de libertad de decisión en manos de las madres, sino en igualdad ante la ley. El reconocimiento de la legalidad de los matrimonios homosexuales es también una conquista en un país en que la cultura política y social reproduce discriminaciones mediante conceptos trasnochados y una ruptura con una tradición naturalista que avalaba constantemente el status quo. Asimismo, el encarecimiento del agua es una propuesta de cobro sumamente progresiva que comienza un lento camino hacia la valoración del vital líquido. Otro camino hacia niveles más aceptables de desigualdad. Sin embargo, la existencia de más de cien lunares de pobreza en la Ciudad de México que conviven codo a codo con residenciales majestuosos, es otra labor que el Gobierno de la Ciudad tendría que atacar con mayor vehemencia.
La importancia de converger los ideales de los partidos políticos, la dirigencia y los movimientos sociales que corren en paralelo en algunas ocasiones y que divergen claramente en otras ocasiones, es fundamental para constituir a la izquierda en una opción política factible. La fotografía de Andrés Manuel, Marcelo Ebrard y Cuauhtémoc Cárdenas es el esbozo de un posible acuerdo que aglutina distintos modelos de izquierda y que plantea la unión de liderazgos que han sido claves en los avances democráticos nacionales y que no en pocas ocasiones, también se han convertido en obstáculos para ésta. La visión centrada en la rentabilidad electoral como la variable única para la izquierda debe ser puesta de lado. Los “Chuchos” han sido capaces de aceptar cualquier estrategia electoral por el simple hecho de conquistar territorios: el pragmatismo no puede ser la salida a la crisis de las fuerzas progresistas desde 2006. La integración de un proyecto sólido que tenga en la igualdad su componente central es la única salida viable a una situación tan apremiante.
La mediatización detrás de la campaña de Enrique Peña Nieto sólo se combate con alternativas reales. La valentía para proponer un modelo de combate a la inseguridad que no caiga en la vieja pax narca priista o en el militarismo calderonista, es un imperativo ineludible de la izquierda. La construcción de ciudadanía, de un Estado fuerte capaz generar instituciones participativas que no profundicen el monopolio político de los partidos y un programa que reconstruya los tejidos de la seguridad social, son básicos para orientar una salida a la crisis de seguridad del país.
La valentía para consolidar un sistema fiscal sustentable es otro de los caminos que debe seguir la izquierda. Incorporar una narrativa que identifique en los impuestos la estrategia redistributiva por excelencia, tiene que dejar atrás las cómodas posiciones que ha tomado la izquierda en este tema, supuestamente en la defensa de la “economía popular”.
Esto y más, es la única estrategia que puede dotar de solidez a una izquierda que carece de rumbo y se hunde en los ataques recíprocos y la ausencia de una guía programática.

viernes, 22 de abril de 2011

El autoritarismo ciudadano

Las instituciones que hemos construido para asegurar el tránsito nacional hacia los procesos democráticos tienen un gran reto: constituirse como un eslabón solitario democratizador, una isla de principios ante la inmensidad autoritaria que atraviesa las instituciones tradicionales, desde la familia hasta la empresa. Y esto, simplemente en el plano de la teoría, dejando de lado a los actores que ejecutan los procesos democráticos, que tendrían los mismos impedimentos que los otros núcleos.

Para definir autoritarismo, me gusta unirme a la tradición filosófica platónica que ha inundado al liberalismo deliberativo: la democracia es en sí, diálogo; la construcción es discursiva y el gobierno del pueblo tiene que ser visto como una arena deliberativa que une los anhelos de hombres libres, despojados de la necesidad e inspirados por el bienestar público. Así, autoritarismo es el desprestigio del otro, la implantación de una superioridad que desmiembra el tejido ciudadano. Ante esto, la desigualdad más que la falta de libertad es la razón fundamental que explica el autoritarismo.

La sociedad mexicana es profundamente autoritaria. La familia está regida por principios autoritarios (la obediencia ciega a las disposiciones familiares, la ausencia de diálogo para resolver los problemas, la elección del futuro en manos de los padres, las reglas que no tienen que estar ligadas con principios universalizables, etc.); las empresas son jerárquicas y amenazan constantemente contra el patrimonio y la estabilidad emocional de los empleados; la iglesia promueve el verticalismo y las decisiones discrecionales y las escuelas y universidades, en vez de transformar, recrean los patrones autoritarios que se respiran en la sociedad.

Ante esta realidad, ¿Cuál es nuestra salida? ¿Estamos condenados a una sociedad en donde el voto sea el único ente democratizante? Al no existir democracia en la economía, en las relaciones sociales, en la familia, en la empresa, en la iglesia, en la escuela, ¿Cómo podemos erigir una arena pública que integre a ciudadanos libres y plenos?

Creo que estamos muy lejos de esto…..

miércoles, 23 de marzo de 2011

Nunca se debatió la izquierda

No es cierto que los “Chuchos” sean los moderados y los lopezobradoristas sean los rudos. Tampoco es verdadero que el grupo que controla la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) busque la implementación de una agenda socialdemócrata que, para muchos, resulta indispensable para levantar a una izquierda alicaída sin capacidad de proponer mecanismos de convivencia nacional viables. Y mucho menos es cierto que la discusión en el seno del Sol Azteca gire en torno al dilema de revolución o reforma, la primera defendida por los seguidores de Andrés Manuel y la segunda en manos de los “Chuchos”.

Entonces, detrás de las disputas por la elección de la dirigencia, por la estrategia de las alianzas con Acción Nacional en el Estado de México o en otras entidades, de la colaboración con Felipe Calderón y de la designación del abanderado perredista a la izquierda, ¿Qué se discute? ¿Existe un debate acerca de los principios que debe defender la izquierda del siglo XXI? ¿Podemos contar con una reflexión de cómo entender el Estado, el Mercado y el Capitalismo en su conjunto? ¿Existe alguna línea de debate que introduzca la relación con la sociedad y el agotamiento del actual modelo de partido? ¿Cuál debe ser el posicionamiento de México a nivel global y cómo alcanzarlo? Definitivamente no.

Es importante resaltar que los diferendos que han tenido las llamadas “izquierdas” son asuntos ligados al pragmatismo electoral y a la lógica de mantenimiento de territorios dominados, que a cualquiera de los temas de fondo antes enumerados. Quitando la parte que concierne al nivel de relación que debe tener el PRD con el Presidente de la República, tomando en cuenta el aludido fraude de los comicios de 2006, que pone de frente dos posturas, en términos legales y éticos, aunque con fines igualmente electoreros; en las otras diferencias, es difícil rastrear que el debate esté construyendo o abonando a favor de una determinada visión de la izquierda o de una reconceptualización de la misma.

El tema de reforma o revolución que dividió a los partidos comunistas en el siglo XX, y que fue definida a favor de los moderados o reformistas, no es un dilema que corra por los pasillos de la agrupación política de izquierda más importante del país. Es cierto que existen sectores al interior del partido que se han presentado claramente antisistémicos y contrainstitucionales. Sin embargo, la mayoría de los miembros del Partido poseen un claro apego a la defensa de la constitución (status quo legal) y los supuestamente más cargados a la izquierda que han pedido una “transformación radical” del país, basan su propuesta programática en fundamentos que están tipificados legal y filosóficamente en la Carta Magna aprobada en 1917. Citando a Esteban Garaiz, “la izquierda no tiene otro proyecto que la defensa y el cumplimiento de la Constitución”. Ante esto, no queda duda que la izquierda ya ha tomado el camino de la reforma por encima de cualquier intento de revertir completamente el orden establecido.

En el debate que también atrapó a la izquierda mundial hace algunas décadas, Estado o Mercado; el PRD ha generado ciertos consensos, entre ellos que ambas pistas son fundamentales para el desarrollo nacional. Por ello, el dilema no está en la elección dicotómica de alguna de las vías exclusivamente, simplemente en decidir cuánto Estado y Cuánto Mercado es necesario en México. Sin embargo, dicha discusión no es fácilmente rastreable en el seno perredista; la posición del partido en relación a los impuestos y a su papel redistributivo, la educación pública y los sistemas de salud, la necesidad de fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresas y los servicios, son ejemplos de que dicho debate que concierne a los niveles apropiadas a cada esfera, queda en manos de decisiones pragmáticas ligadas a la coyuntura de Gobiernos locales, estatales y nacionales, dejando de lado la adhesión a un proyecto en particular. Una administración perredista puede abrir la inversión privada en el agua, por ejemplo, en Baja California Sur y puede de la misma manera centralizar en el Estado la misión como en Michoacán.

En materia de política exterior, los perredistas no han sabido ser un real contrapeso a la doctrina exógena de Calderón, dedicándose únicamente a llamarla servil, agachada o violatoria de la soberanía nacional. Intuitivamente, más que con conocimientos que respalden, podríamos pensar que los “Chuchos” serían más proclives a una agenda neoliberal y el seguimiento de las estructuras de relacionamiento exterior que se han implantado desde los ochentas y los Lópezobradoristas, por el contrario, privilegiarían una agenda latinoamericana más diversificada. Sin embargo, ni los “Chuchos” ni los seguidores de Andrés Manuel se han unido a este supuesto; en el proyecto alternativo de nación del “Peje” no encontramos deslindes claros de la política exterior panista, excluyendo cuestiones como el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) que, al tener un impacto interno, han sido manejados más con objetivos domésticos que con criterios externos. Por otro lado, los “Chuchos” sí han criticado la univocidad que ha demostrado la política exterior de México, sobre todo en su relación con los Estados Unidos. Para poner un ejemplo, Marcelo Ebrard, que aunque se formó en el Lópezobradorismo ha tenido acercamientos con la otra ala del PRD, se ha conducido a través de una diplomacia ligada a los grandes temas globales que resultan legítimos, cambio climático entre ellos, y ha tenido acercamientos importantes con las delegaciones de los Estados Unidos y hasta viajó a Washington hace no mucho tiempo. Este debate tampoco se encuentra en el seno del PRD.

Para concluir, debajo de la estructura que compone a estas dos partes del perredismo subyace un debate filosófico sumamente importante, aunque por desgracia, está ausente completamente. La institucionalidad que defienden los “Chuchos” con un partido fuerte, mecanismos legales codificados claramente, consejos resolutivos que institucionalicen los disensos y, sobre todo, la estructura de voto más eficaz, tiene más que ver con su posición en el partido que con una visión de renovación que expulse la figura del mesías política, tan clásica de la izquierda mexicana. Por el otro lado, el impulso del “Peje” a la posibilidad de llevar una pista de involucramiento social que despartidice el movimiento que él encabeza, es también una táctica dirigida a la oportunidad de utilizar los medios de tres partidos de izquierda y el presupuesto generado a través de un movimiento desconcentrado de este tipo, que a una reivindicación de la sociedad en la arena política. Qué estructura debe tener una agrupación de izquierda como el PRD, no es una cuestión discutida en el partido.

En conclusión, creo que no es difícil afirmar que la izquierda vive momentos de crisis aguda, mucho más en principios que en rentabilidad electoral. La incapacidad de conjuntar ejes programáticos que sean capaces de unir a los polos partidistas puede traer consigo consecuencias tan graves como la pérdida de la Capital de la República o el desplome de los índices de votación en las elecciones presidenciales. Sin embargo, peor que el escenario antes planteado sería dejar de lado los debates que han estado desatendidos durante años y que tienen a la izquierda en la orfandad de un verdadero proyecto de reforma nacional que posea viabilidad y que se erija como una alternativa real a los problemas más apremiantes que vive el país.

Seguimos la siguiente semana con el dilema de las alianzas con el PAN.